Senado declara constitucionalidad de reformas a la Guardia Nacional y pueblos indígenas
Este domingo se realizaron las declaratorias constitucionales de las reformas en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y de la Guardia Nacional.
Este domingo se realizaron las declaratorias constitucionales de las reformas en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y de la Guardia Nacional.
El Senado de la República emitió la declaratoria constitucional de las reformas a la Guardia Nacional (GN) y en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Durante una sesión en la que se contó con la presencia de 65 legisladores, sin asistencia de senadores de la oposición, el Senado recibió la aprobación de 26 congresos estatales para ambas reformas, cumpliendo así el requisito constitucional para su validación.
La reforma a la Guardia Nacional determina que la Federación contará con la Guardia como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de Defensa Nacional.
Dicha institución estará encargada de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, formulada por la secretaría del ramo de Seguridad Pública.
El texto de la enmienda constitucional dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, que conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública y deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos en la materia.
Mientras que la segunda reforma reconoce a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Garantiza a las comunidades su derecho a decidir sobre sus representantes y formas internas de gobierno, conforme a sus sistemas normativos, de acuerdo con la Constitución, las leyes aplicables y con la excepción de no limitar los derechos político-electorales.
También establece que estos sectores de la población podrán participar, en términos del artículo 3 de la Carta Magna, en la construcción de los modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la nación con base en sus culturas, lenguas y métodos de enseñanza y aprendizaje.
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