Aún incalculables los costos de elección de jueces con reforma judicial: Taddei
La consejera presidenta del INE realizó cuestionamientos respecto a la elección de jueces para dar certeza a un eventual proceso electoral
La consejera presidenta del INE realizó cuestionamientos respecto a la elección de jueces para dar certeza a un eventual proceso electoral
De cara a una eventual elección de juzgadores por voto popular, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, pidió a los legisladores federales que se realicen una serie de definiciones respecto a la reforma judicial, con el fin de dotar al proceso del mínimo nivel, rigor y confianza ciudadana.
Al participar en el séptimo foro de los Diálogos para la reforma, con el tema: Elección popular de integrantes del Poder Judicial, Taddei Zavala realizó una serie de cuestionamientos que, consideró, deben ser definidos para dar certeza a un eventual proceso electoral en el que se eligieran a mil 600 juzgadores en todo el país.
“¿Será en su totalidad?, ¿Será gradual?, ¿Cómo será el diseño de las boletas? (…) ¿Tendremos campañas?, ¿Cómo serán?, ¿Cómo interviene el INE en el manejo de tiempos de radio y TV?, ¿Tendremos un modelo de fiscalización?, ¿Cuál es la cadena impugnativa que debe seguir este proceso?, ¿Quién hace el cómputo?, ¿La cadena de custodia se cuida o no se cuida?, tantas cosas que tenemos que resolver”, expresó la consejera presidenta.
Guadalupe Taddei agregó que de todas esas interrogantes depende, además, el presupuesto que habría que destinarle a la elección.
“Todo eso no es una pregunta ni siquiera de carácter político por parte del INE, es una pregunta de carácter operativo porque eso define en principio el número de casillas, funcionarios por casilla, los lugares donde se instalaran las casillas y define el tema presupuestal, porque el presupuesto no es caprichoso, no es lo que se nos ocurra, eso genera la posibilidad o no de llevar a cabo un proceso electivo de esta magnitud”, puntualizó.
Asimismo, Taddei Zavala pidió que se defina cuándo iniciaría el proceso electivo, cómo se manifiesta y en qué parte de la reforma va a quedar asentado, además de que, en caso de que sufra cambios, dijo, habría que volver a abordarse.
“Si esta iniciativa corre con la aprobación de este Congreso, deberá de ser una tarea que no nos lleva una semana definir todos los procedimientos operativos que se tendrían que hacer, y los requerimientos que se tendrían para hacer un cálculo de lo que se busca, (…) Una vez conocida la iniciativa final, también tendríamos que hacer otro análisis de acuerdo a lo que ahí se planteara, si la actual sufriera modificaciones”.
Asimismo, agregó que instituto deberá entrar en trabajos rápidamente con la Cámara de Diputados para ir definiendo lo que se requiera, en caso de que la iniciativa sea aprobada en sus términos.
En su oportunidad, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, manifestó que la elección directa de juzgadores no resuelve los problemas de acceso a la justicia y sólo politiza los nombramientos de ellos.
Pidió no entender a la carrera judicial como un “cunero elitista y oscuro de expertos”, al tiempo que consideró que el voto puede usarse para premiar o castigar a los juzgadores.
“Si el voto de jueces es irreductible, tengo una propuesta concreta: que el voto popular permita evaluar el desempeño de las personas juzgadoras. Usemos las urnas para evaluar si los jueces y magistrados han realizado satisfactoriamente su trabajo, y que por tanto, deban permanecer en el cargo, o bien, deban de ser removidos. El voto popular no debe ser una herramienta para convertir a los amigos del poder en jueces o en magistrados”, puntualizó.
La ministra Lenia Batres consideró que la organización de concursos cerrados en los que sólo pueden participar quienes ya forman parte del Poder Judicial de la Federación, “ha sido una forma de premiar y perpetuar el nepotismo”.
“Más que un mecanismo de selección de los mejores profesionales, han funcionado como escalafón para quienes ya forman parte del Poder Judicial, que en un 40 %, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, son familiares actualmente. Según esta instancia en 2022 en el 67 % de juzgados y tribunales había personas servidoras públicas con alguna relación familiar en el Poder Judicial”, aseguró.
La ministra agregó que el 23.8 % del personal tenía más de 4 familiares trabajando en la institución, y “tan sólo loa magistrados tienen en promedio cuatro familiares en los órganos jurisdiccionales”, dijo.
La ministra Yasmín Esquivel, propuso una consulta de revocación del mandato para los juzgadores, como el que se hizo al presidente López Obrador en 2022, al considerar que ello disiparía dudas en torno a la legitimidad de su destitución.
“Todos ellos deben someterse al escrutinio público, a través del voto popular no podemos hablar propiamente de una elección (…) Tenemos que pensar en un procedimiento transitorio único de revocación del cargo conforme un sistema análogo con el previsto para el titular del Poder Ejecutivo Federal, del que ya tuvimos un ejercicio exitoso orquestado por el INE en 2022”.
El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dijo no compartir que la elección de juzgadores por voto popular sea el método adecuado para ese tipo de designaciones, pues el diagnóstico que sustenta la iniciativa, consideró, no es suficiente para demostrar que la elección popular de juzgadores logrará acabar con la corrupción y la impunidad.
Señaló que esos flagelos no están directamente vinculados con la estructura de la Judicatura o con el nombramiento o la forma de nombramiento de sus integrantes.
“Bienvenida sea una reforma con evidencia científica, basada en la idea de fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial, en consolidar la excelencia en la impartición de justicia en los estados, en mejorar los procesos judiciales, en fortalecer y ampliar el servicio de la defensoría pública, en fortalecer la capacitación y prestaciones dignas a quienes integran la carrera ministerial en las fiscalías, en la profesionalización y dignificación del trabajo policial”, expresó.
Pardo Rebolledo agregó que una reforma que no va en ese sentido y que más bien busca eliminar de golpe la estructura actual del Poder Judicial, no sería idónea.
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