Un fallo con sesgos estructurales pero sin sorpresas

El T-MEC constituye un complejo normativo construido y aceptado voluntariamente por Canadá, Estados Unidos y México que delimita el ámbito de acción de sus miembros al establecer definiciones, procedimientos y órganos de operación, así como derechos y obligaciones para las Partes. El Tratado comprende principios y reglas que al ser suscrito por las Partes fueron validados por ellas como determinantes formales de sus interacciones comerciales.

México mismo decidió imponerse este marco jurídico en ejercicio de su soberanía, en el entendido de que las antinomias entre decisiones internas de normativa y política pública en relación con el marco jurídico del T-MEC podrían suceder y, en su caso, tendrían que gestionarse sobre la base del propio Tratado.

Los contenidos del T-MEC, así como los diversos instrumentos jurídicos a los que remite para su interpretación y aplicación, pueden estar afectados por múltiples sesgos de toda índole (corporativos y protransgénicos, por ejemplo), pero todos estos elementos fueron propuestos, conocidos y aceptados por las Partes desde un inicio, siguen vigentes y son obligatorios. Si los principios y reglas del juego son los que fueron acordados, entonces, las Partes deben ajustar sus interacciones y aprender a operar y defender sus intereses en tales condiciones. Por supuesto, si las Partes no están satisfechas con los términos del instrumento pueden impulsar su modificación o simplemente no continuar o retirarse del Tratado.

El Gobierno de México tendrá que evitar que, en vez de constituirse en un instrumento jurídico para potencializar la transformación del país en congruencia con el interés público nacional, el T-MEC se convierta en una camisa de fuerza que en ciertos ámbitos y a su modo restrinja su soberanía y los alcances del cambio histórico que las y los mexicanos demandan y han respaldado contundentemente en las urnas.

Conforme a su Preámbulo, con el T-MEC las Partes buscan fortalecer la sólida cooperación económica que han desarrollado a través del comercio y la inversión, lo cual supone supeditar su marco legal y comercial a la mayor expansión del comercio y la inversión conforme a los derechos y obligaciones dispuestos en el Tratado, incluso en materias como la salud pública, la seguridad, la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales no renovables, la integridad y estabilidad del sistema financiero y la moral pública, así como los asuntos laborales o la participación de los pueblos indígenas y las mujeres en el comercio y las inversiones.

Así las cosas, el Panel que conoció del asunto del maíz transgénico tenía como fin institucional mantener la vigencia del Tratado, más allá de cualesquiera otras consideraciones legítimas o no de las Partes. La referencia normativa del Panel fue el T-MEC y el resto de instrumentos que incorpora, de aquí que el Panel debiese actuar como una instancia garante para las Partes avocada a controlar la corrección de sus medidas en relación con el complejo normativo que implica el Tratado.

A juicio del Panel, las medidas adoptadas por México eran restricciones encubiertas al comercio que buscaban afectar la importación de maíz transgénico, pero, además, eran restricciones que no fueron establecidos luego de realizar una evaluación de riesgo adecuada en los términos del T-MEC. Bajo estas dos condiciones no podía haber sorpresas en cuanto al sentido del fallo.

Sin embargo, de aquí no se deriva que las preocupaciones del Gobierno de México sean meras “consignas ideológicas” u “ocurrencias populistas”, como apresurados salieron a decir opinólogos anti 4T y voceros trasnochados del neoliberalismo. Muy por el contrario, como los panelistas reconocieron, se trata de “preocupaciones genuinas de buena fe” que pueden y deben gestionarse conforme a los principios y reglas del propio Tratado. Por supuesto, el mensaje político es muy fuerte, pues prácticamente el Panel le dice a México que en casa puede sembrar lo que guste (maíz no transgénico nativo o no nativo), pero que no puede restringir unilateralmente las importaciones de maíz transgénico ni acotar su uso final. Más todavía, si bien el fallo no pretende demostrar que el maíz transgénico o el glifosato sean inocuos, lo cierto es que les hace buena propaganda y apología.

El Informe Final del Panel no resuelve ninguna disputa científica en torno a los paquetes biotecnológicos, sólo corrobora que México adoptó medidas sin cumplir con las obligaciones que contrajo al suscribir el instrumento. Eso sí, queda claro que para el T-MEC la ciencia y la tecnología están subordinadas y puestas al servicio de la certidumbre jurídica y los intercambios comerciales.

Con su fallo, el Panel protege los intereses de los agricultores, las comercializadoras y las empresas biotecnológicas norteamericanos, así como de la agroindustria global, pero eso pasa porque las disposiciones del T-MEC en la materia precisamente buscan salvaguardar tales intereses. El territorio norteamericano también está tomado por la industria transgénica, lo mismo que las autoridades estadounidenses están cooptadas por intereses corporativos, por ello el Gobierno de Estados Unidos jamás accederá a desarrollar el mercado de maíz no transgénico y extenderlo hacia México, pues más bien tiene como objetivo defender y expandir un modelo de negocio basado en el fraude y la manipulación.

Ni los derechos de los consumidores cautivos de maíz transgénico en México ni los derechos de las comunidades indígenas y campesinas son protegidos por el fallo, como tampoco lo son los derechos del grueso de los granjeros ni de los trabajadores agrícolas norteamericanos. Pero, de nueva cuenta, esto es así porque el T-MEC es un tratado comercial que usa el prestigio de la ciencia, la tecnología y sus procedimientos para garantizar su propio cumplimiento: constituir mercados y mantenerlos abiertos (en este caso, el mercado del maíz transgénico), más allá de las decisiones y leyes soberanas de las Partes en sus regímenes internos y de sus obligaciones respecto de los derechos humanos de la población fuera del Tratado. Y es que la alimentación no es sólo un negocio global sino, sobre todo, un dispositivo de control y poder imperial.

En el debate en torno al fallo coinciden nuevamente las políticas de la justicia y el conocimiento, pues la resolución del Panel nos remite a una discusión todavía más profunda sobre el lugar del Derecho y el papel de la ciencia en el desarrollo de relaciones comerciales y contiendas geopolíticas que pretenden colocarse al margen de la deliberación popular y los procesos democráticos, como si se tratase de diferencias meramente técnicas sobre la congruencia entre la racionalidad abstracta e instrumental del mercado respecto de las acciones concretas de los múltiples agentes públicos y privados subordinados a su lógica.