Reforma Judicial: Zaldívar y los nuevos ministros… extraídos del Tribunal Electoral

Analista y consultor político. Por más de 12 años, creador de estrategias de comunicación para el sector público y privado. Licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM y maestro en gobierno por el Instituto Ortega y Gasset. Observador del uso de las nuevas tecnologías y su impacto en la democracia.

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Reforma Judicial: Zaldívar y los nuevos ministros… extraídos del Tribunal Electoral Reforma Judicial: Zaldívar y los nuevos ministros… extraídos del Tribunal Electoral
El posible nombramiento de Arturo Zaldívar al frente de un eventual Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo diseño tiene como objetivo la vigilancia y persecución de aquellos que no se sometan a las directrices del gobierno, terminaría por exhibir las motivaciones de fondo: venganza. Foto: Facebook/Arturo Zaldívar

Mientras miles de trabajadores del Poder Judicial de la Federación salen a las calles para reclamar el despropósito de una reforma que, además de alterar su circunstancia laboral lastima el orden constitucional al propiciar un desequilibrio entre los Poderes de la Unión, las negociaciones de alto nivel cobran relevancia.

Magistrados del Tribunal Electoral afines al oficialismo mantienen reuniones en las que Ricardo Monreal, próximo coordinador legislativo del oficialismo en la Cámara de Diputados y Arturo Zaldívar, próximo titular del Tribunal de Disciplina Judicial, les aseguran asientos en la eventual conformación de la nueva Suprema Corte.

La calificación del proceso electoral 2024 –sin mayor autocrítica– en la que ganó Claudia Sheinbaum, la permanencia de Alito Moreno al frente del Partido Revolucionario Institucional, PRI, –favorable al oficialismo por su perenne autodestrucción– así como la ratificación de la sobrerrepresentación en el Congreso de la coalición de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el Congreso, son algunas de las decisiones que podrían ser la moneda de cambio con la que el bloque de magistrados del Tribunal Electoral, afín al oficialismo, tengan posibilidades de transitar a ministros en la eventual nueva conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Diversas fuentes consultadas aseguran que la oferta de quien se asume el próximo titular del –todavía inexistente– Tribunal de Disciplina Judicial, Arturo Zaldívar es exclusiva para los magistrados: Mónica Soto (presidenta del Tribunal Electoral), así como Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quienes conforman el bloque de tres magistrados que con sus resoluciones logran “mayoritear” a los otros dos integrantes de la Sala Superior: Janine Otálora y Reyes Rodríguez.

Una Sala Superior que, hoy por hoy, funciona con dos integrantes menos (en vez de cinco deberían de ser siete) gracias a que Morena en el Congreso se negó a nombrar en las sillas vacantes a sabiendas de que el proceso electoral del 2024 sería sumamente complejo.

Estas negociaciones, llevadas a cabo en las sombras y lejos del escrutinio público, ponen en evidencia una peligrosa tendencia de concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones que deberían servir como contrapeso en un sistema democrático.

La posibilidad de que los magistrados afines al oficialismo sean recompensados con asientos en la nueva Corte, a cambio de decisiones que favorecen a los intereses del partido en el poder, no solo pone en duda la imparcialidad de la justicia electoral sino que además socava la confianza en el sistema judicial en su conjunto. ¿Sirve de algo que miles de trabajadores marchen cuando están lejos de los pactos que se hacen por encima de ellos?

La reforma judicial, está claro, lejos de fortalecer el Estado de Derecho, está orientada a consolidar un control político sobre el Poder Judicial, debilitando así uno de los pilares fundamentales de la democracia.

El posible nombramiento de Arturo Zaldívar al frente de un eventual Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo diseño tiene como objetivo la vigilancia y persecución de aquellos que no se sometan a las directrices del gobierno, terminaría por exhibir las motivaciones de fondo: venganza. Una venganza que se suma a la estela de destrucción institucional que ha impulsado Andrés Manuel López Obrador sólo porque nunca pudo interactuar bajo un régimen democrático que le exigía cuentas y le ponía un alto a decisiones abiertamente arbitrarias y autoritarias que han transgredido los derechos fundamentales de mexicanos.

¿Claudia Sheinbaum, próxima presidenta, habilitó a Arturo Zaldívar para llevar a cabo esas negociaciones? Cualquiera que sea la respuesta, el panorama es preocupante porque la fama de Zaldívar como un personaje especialista en la traición lo precede.

En el diseño de la reforma judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial no tiene contrapesos, está por encima, incluso, de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una cosa es violar el orden constitucional para cooptar a un Poder y otra muy distinta entregarle esa facultad a un hombre sin escrúpulos y poco fiable, de acuerdo con el consenso de quienes lo conocen desde la Escuela Libre de Derecho.

Un personaje como Zaldívar, además de seguir representando un peligro para la propia comunidad de jueces, magistrados y ministros; también lo será para sus propios impulsores…. y aquellos que confían en su palabra, pues este tipo de ofertas, refieren las fuentes consultadas, también son extensivas a algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral en donde los beneficiarios podrían ser personajes con apellidos como Humphrey y Espadas.

Las promesas, de momento, no paran. Más adelante se verá cuánto peso tenían.

Apuntes:

Amor con amor se paga. De momento, las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en favor del oficialismo ya tienen su respectiva retribución.

La reforma judicial abre la puerta para que los ahora magistrados de la Sala Superior puedan extender su periodo por el que fueron elegidos. Mónica Soto, Janine Otálora, así como Felipe de la Mata Pizaña, deberían terminar su encargo en octubre de 2025… pero la reforma los habilitaría hasta el 2027.

Mientras que para Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez, con más antigüedad, la ampliación de su encargo hasta el 2027 les significaría 11 años en el cargo.

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