Matar al pederasta, el “trabajo sucio” del crimen en Jalisco

Gama —un nombre ficticio— apenas tenía dos meses en el Cártel Jalisco Nueva Generación cuando un jefe de plaza le anunció abruptamente que sus labores cambiarían: ya no vendería droga, como acordaron en un principio, sino que se volvería sicario. Y su primera misión, en julio de 2013, sería participar en el secuestro y asesinato de un médico en Zapopan.

La razón del asesinato se le explicó a Gama apenas llegó a una finca donde ya lo esperaba el jefe de plaza: el médico había violado a varias niñas, entre ellas una de 12 años, y se le daría una lección. Así que Gama y dos personas más acudirían a su consultorio, lo sacarían con ayuda de pistolas 9 milímetros, lo empujarían al fondo de una camioneta y lo trasladarían de vuelta a la finca, donde un recámara en la segunda planta de la casa lo esperaba habilitada como un cuarto de tortura.

Los tres cómplices cumplieron las instrucciones al pie de la letra. Ninguna autoridad intervino, a pesar de que la privación ilegal de la libertad ocurrió en una zona transitada y rodeada con cámaras de videovigilancia. Lo que sigue está relatado con crudeza por el propio Gama en el sumario del expediente 07/2020-A del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

“Fue en ese momento que (mi jefe) le dijo (al médico) ‘a ver cabrón, usted es bien violín, ¿por qué violó a las niñas?’ y en ese momento (el médico) contestó sí había violado a dos mujeres y dos hombres (…) A los pocos minutos llegó el patrón (…) y se metió y a nosotros sólo nos dijo ‘¿dónde está violín, cabrones?’ y sólo le dijimos que arriba y él se subió. Después de 20 minutos se bajó y sólo dijo ‘chido, cabrones, buen trabajo; ahí nos vemos’”.

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Gama narra que más tarde notó que había olvidado su celular en la finca, por lo que volvió acompañado de un cómplice. Dos personas que vivían en la casa de tortura le dieron el paso, como si nada hubiera ocurrido horas antes. Como si no guardaran un cadáver.

“(Mi cómplice) y yo nos dimos cuenta que (el médico) ya estaba emboslado con bolsas negras, se veía golpeado y sin ropa (…) Sólo supe que otros iban por (el médico) para tirarlo y ya no supe a dónde se llevaron el cuerpo (…) Asimismo menciono que la policía municipal nos ayuda a levantar gente (…) de igual manera menciono que yo en alguna ocasión fui a pagarle por orden (del jefe de plaza) al capitán (de la policía) la cantidad de tres mil pesos por un jale que nos ayudaron”.

Jorge Ramírez, profesor de la Universidad de Guadalajara, quien estudia los patrones de conducta del crimen organizado en Jalisco, reconoce que —al menos— desde 2013 el cártel local ha ejecutado una serie de desapariciones forzadas contra presuntos agresores sexuales de menores de edad, quienes muy probablemente ya han sido asesinados. El número exacto o aproximado aún es objeto de estudio.

El caso más reciente documentado ocurrió este año, cuando un comando de ocho personas armadas ingresaron a un domicilio y se llevaron a un presunto pederasta, quien tenía acusaciones en redes sociales, pero no una carpeta de investigación ante la fiscalía estatal.

“La hipótesis de por qué el crimen organizado desaparece estos agresores sexuales es porque forma parte de unos castigos extrajudiciales que se han aplicado sobre esta clase de delitos desde mucho tiempo. Es decir, son blanco de ejecuciones extrajudiciales porque no son castigados jurídicamente.

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“¿Dónde ocurren? Tenemos documentados casos en la zona metropolitana de Guadalajara y también casos en la zona norte de Jalisco, rumbo a Zacatecas, hacia Aguascalientes. Ahí están los municipios donde hay registro de desaparición. En Poncitlán y Lagos de Moreno interviene la policía municipal y nosotros pensamos que está vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación”, asegura el académico que ha colaborado con periodistas locales para entender mejor las dinámicas locales de la desaparición.

Estos casos, le digo al profesor Jorge Ramírez, me recuerdan a los castigos que imponían Los Zetas a presuntos violadores en el norte de Veracruz entre 2010 y 2012: ante la ausencia de una justicia formal, los vecinos de Tuxpan avisaban al jefe de plaza quién agredía a las alumnas de la Escuela Secundaria Tecnica 2 y en los próximos días esa persona desaparecía del municipio bajo la sospecha de que había sido asesinada.

El objetivo de Los Zetas era ganar el respeto de la gente de Tuxpan; que no sólo se les viera como salvajes, sino como un poder paralelo que podía instaurar una forma retorcida de justicia en la que ladrones, violadores, pederastas y secuestradores fueran desterrados.

“¿Es posible saber que esos desaparecidos sí son agresores sexuales? Hay que pensar que todo esto opera en un contexto total de informalidad, de ausencia de investigación, de un contexto que no es judicial, entonces tiene el riesgo de toda clase de imputación que se hace entre particulares. Hay un margen donde la acusación puede ser falsa”, asegura el docente.

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Estos son los resultados de una reforma al Poder Judicial que no toca a las fiscalías ni a los ministerios públicos, quienes deben asumir el papel de defensoría de las víctimas. Sin una remodelación profunda de este modelo de justicia, el crimen organizado seguirá siendo juez y verdugo: el que decida quién es un pederasta y qué castigo le corresponde. La Fiscalía General de Justicia del Cártel Jalisco Nueva Generación.

GRITO. El crimen organizado no tiene códigos morales. Queda como ejemplo las violaciones tumultuarias a adolescentes durante la masacre de Allende, Coahuila, en 2011.