Investigador en el área de Incidencia política de México Unido Contra la Delincuencia. Egresado de Derecho por el ITAM. Ha litigado sobre derechos humanos y derecho administrativo y regulatorio, con énfasis en el juicio de amparo y el procedimiento contencioso administrativo. Ha realizado investigación y análisis sobre seguridad ciudadana, política de drogas, militarización y control de armas. X: @MUCDOficial
La reforma a la Guardia Nacional le abrirá las puertas del gobierno a los militares
En México, hace 167 años se separó al poder militar del poder civil. Si se aprueba la reforma de la Guardia Nacional, el gobierno eliminará esos límites.
En México, hace 167 años se separó al poder militar del poder civil. Si se aprueba la reforma de la Guardia Nacional, el gobierno eliminará esos límites.
Tras la reciente aprobación de la reforma judicial, y como parte del Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la iniciativa de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional es una de las varias que actualmente se encuentran avanzando en la nueva legislatura del Congreso de México y, de hecho, ya cuenta con un dictamen de proyecto de reforma, cuyo objetivo principal es enviar a la Guardia Nacional a la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dejando sin efecto a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 2023 invalidó un intento similar en el nivel de legislación ordinaria.
Si bien la relocalización legal y administrativa de la única institución policial de carácter civil de la Federación a las Fuerzas Armadas es una cuestión verdaderamente grave por sí misma, resulta fundamental entender que el dictamen va mucho más allá. En sus términos actuales, una eventual aprobación implicaría eliminar casi completamente los límites constitucionales a la participación militar en asuntos civiles.
La Constitución dispone en su artículo 129 que “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Por su parte, el dictamen propone ampliar el margen de actuación militar y establecer que las Fuerzas Armadas no podrán ejercer más funciones “que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. De tal forma, bastaría con una ley secundaria –aprobada por una mayoría simple en el Congreso de la Unión– para asignar nuevas tareas civiles a las Fuerzas Armadas.
El artículo 129 es uno de los pocos de la Constitución de 1917 que jamás han sufrido reforma alguna. De hecho, la redacción de este artículo es idéntica a la del 122 de la Constitución de 1857, es decir, la prohibición a la participación militar en asuntos civiles tiene más de 167 años de vigencia en México. Esto significa que dicha regla constitucional es una herencia de la Reforma y del liberalismo mexicano del siglo XIX, cuyos referentes –muchos admirados y citados cotidianamente por el presidente López Obrador– se opusieron directamente a la existencia de los fueros y privilegios con los que contaban instituciones tanto eclesiásticas como militares.
Por ello, apoyar una reforma al artículo 129 para otorgar más poder, funciones legales y prerrogativas a las autoridades militares no sólo es una postura históricamente conservadora, también es una propuesta que, de aprobarse, rompería con una concepción de nación que asume que son las autoridades democráticamente elegidas las que deben encargarse del funcionamiento del gobierno civil y de la atención de los problemas públicos.
Este sexenio hemos observado un socavamiento inédito al contenido del artículo 129 constitucional. La participación militar en labores civiles ya no se limita a la seguridad pública, sino que las Fuerzas Armadas ahora se dedican a la gestión y construcción de aeropuertos, proyectos ferroviarios, complejos turísticos, además de la administración de otras funciones propiamente civiles (control migratorio, vigilancia sanitaria, etcétera). Esta situación ha sido ampliamente documentada en informes como El Negocio de la Militarización y el Inventario Nacional de lo Militarizado.
Lo que busca el dictamen es otorgar permanencia a este contexto profundamente irregular. Es decir, quitar toda idea de excepcionalidad al actuar castrense en labores civiles. Con ello, también se busca blindar y acrecentar las ganancias económicas y políticas hasta ahora obtenidas por las cúpulas militares en el ejercicio de este tipo de funciones.
El dictamen también debilita los mecanismos para el control civil y democrático de las Fuerzas Armadas; normaliza la opacidad y la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de funciones públicas como, por ejemplo, la construcción de infraestructura; reduce las capacidades institucionales y los presupuestos de las autoridades civiles; y aumenta el margen de actuación de las autoridades militares para potenciales arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos.
Es correcto que la reforma implica la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena. Pero limitar la discusión pública a ello impide que las distintas partes involucradas y la sociedad en general participen de una conversación completa y acorde a las implicaciones que la reforma tendría para la democracia, el funcionamiento del gobierno civil y los derechos humanos. Hablemos también del artículo 129, de su contenido y de su valor histórico como el candado democrático que aún tenemos para limitar la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos civiles.
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