Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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La inédita crisis en el Consejo de la Judicatura Federal
Malabares presupuestales, jubilaciones anticipadas de valiosos juzgadores, funcionarios desleales y un oportunista líder sindical marcan los últimos meses de una judicatura aniquilada por el régimen.
Malabares presupuestales, jubilaciones anticipadas de valiosos juzgadores, funcionarios desleales y un oportunista líder sindical marcan los últimos meses de una judicatura aniquilada por el régimen.
Así era el plan de los detractores del Poder Judicial de la Federación para 2025, en virtud del golpe presupuestal que propinó el gobierno de Claudia Sheinbaum poco queda que remendar al interior de la institución que vive una era terminal sombría antes de desaparecer como la conocimos durante 30 años.
Para agosto entrarán en funciones los 2 órganos inventados en la reforma del obradorato que reemplazarán al consejo, el tribunal de disciplina judicial y el órgano administrativo que gobernará toda la estructura a nivel nacional, cuyos integrantes también serán votados en una elección incoherente a realizarse en menos de 5 meses. El sentimiento de frustración de cientos de juzgadores y miles de trabajadores se agudiza con las medidas extremas que impactan en sus bolsillos y si esto no fuera suficiente, debemos mencionar la injerencia del oportunismo de un impresentable como Gilberto González Pimentel, todavía líder del sindicato de trabajadores del Poder Judicial cuya principal prioridad no son sus agremiados, sino la grilla y la turbulencia del río revuelto para ver qué beneficios individuales negocia con el entorno descompuesto.
Si esto no fuera suficientemente grave, hay que adicionar la ola de de jubilaciones o retiros anticipados que impactan la operatividad de tribunales colegiados de circuito en los cuales ya se reportan cerca de 290 vacantes de sus titulares, poco menos de la tercera parte de la totalidad de magistrados en todo el país. Esto significa que se han tenido que habilitar secretarias y secretarios en funciones de magistratura para suplir estos huecos. Basta con revisar uno de los avisos principales en la página del Consejo de la Judicatura para documentar semejante apremio “Inscribete! (periodo extraordinario) listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a 15 días. Registrate del 27 al 31 de enero de 2025”.
La mayoría de los juzgadores con mayor experiencia y trayectoria han tomado la decisión de dar paso lateral y aprovechar mientras pueden las posibilidades de acceder a una pensión complementaria antes de la aplicación del descuento salarial que vendrá con la reforma del obradorato.
Hay tribunales que operan con un magistrado y dos secretarios habilitados para sostener el trabajo jurisdiccional que además con los paros de los últimos meses acumularon un rezago importante que difícilmente se alcanzará a subsanar con la mermada estructura.
Antes de la elección de junio habrá más vacantes que posiciones a designar en las urnas, lo que significa que secretarios habilitados como magistrados en los colegiados se mantendrán así 2 años más. Un panorama que la ignorancia y perversidad de los promotores de la reforma no anticiparon. Este clima de zozobra ya ha sido denunciado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) que reitera la gravedad de la asfixia presupuestal impuesta a la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, instituciones presididas por la ministra Norma Piña a quien se marcó como blanco de los ataques incesantes desde Palacio Nacional.
Uno de los temas que ha concentrado las horas de trabajo en el piso 14 del edificio sede de la Judicatura Federal en Insurgentes Sur es el rediseño emergente de los recursos disponibles para cumplir en la medida de lo posible con las prestaciones y derechos de los trabajadores. Ante semejante problemón el pasaje bíblico de las bodas de Caná en el evangelio de Juan que describe la transformación del agua en vino no alcanza a inspirar soluciones inmediatas ante tan artero golpe del Ejecutivo.
¿De qué tamaño es el boquete? 13 mil millones de pesos de reducción al presupuesto solicitado originalmente. Ante tal situación la ministra Piña pidió el mayor esfuerzo posible a Fernanda Casanueva de Diego, Secretaria de Administración del Consejo de la Judicatura Federal para mitigar en lo posible el impacto a las prestaciones de los trabajadores.
Ante el dilema el sindicato encabezado por González Pimentel amagó de inmediato con la posibilidad de una huelga de más de 30 mil agremiados, con la advertencia se agregó el dardo envenenado para denunciar que los salarios y prestaciones de los juzgadores federales no habían sufrido alteraciones respecto al 2024 y fue más allá en sus declaraciones al sembrar la denuncia de un presunto desvío.
El 17 de enero mediante el comunicado 3/2025 firmado por el Secretario Ejecutivo del pleno de la judicatura se informó que en sesión extraordinaria celebrada ese mismo viernes, se instruyó a Fernanda Casanueva a realizar las adecuaciones presupuestales que permitan dotar los recursos suficientes para cubrir las aportaciones del llamado Fondo de Reserva Individualizado (FORI) así como las relacionadas al Seguro de Separación Individualizado del personal de los órganos jurisdiccionales, con excepción de los jueces y magistrados. En el documento además se precisa que la medida propiciará mayores ajustes de racionalidad en diversas partidas presupuestales.
Toda esta ola de recortes aplicados desde el año pasado no impidieron por ejemplo que el consejero Bernardo Bátiz, alfil de la 4T celebrara en septiembre su cumpleaños 88 en el restaurante la Hacienda de los Morales. Bastaba más, ese sueldo alcanza para eso y más cuando se trata de un mentiroso doble discurso que en los hechos no predica con el ejemplo. Tampoco la austeridad alcanza cuando se trata de preservar las costosas nóminas en las oficinas de Verónica de Gyvés o Celia Maya que ya se ven aseguradas en la estructura que vendrá tras las elecciones a modo que les permitirán seguir viviendo del erario sin el mayor esfuerzo. De ese tamaño es la incongruencia y la doble moral que les caracteriza.
El ánimo entre los juzgadores que decidieron quedarse hasta el final es de frustración, con carreras profesionales decapitadas sin importar trayectoria o experiencia en una función altamente especializada que verá llegar en su mayoría a improvisados obedientes. Mientras tanto magistradas como Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero o Fabiana Estrada, cercanísima a Arturo Zaldívar promueven con vehemencia las supuestas bondades de una reforma regresiva que no mejorará al sistema de impartición de justicia e incluso lo someterá al mandato político del régimen que se hará justicia por propia mano.
EDICTOS
Hablando del Consejo de la Judicatura Federal, les cuento de un fulminante despido que se consolidará el 31 de enero, último día de Ricardo Barraza Gómez como Director de Comunicación Social y Vocería de esa institución. Deja una oficina que no sumó a la narrativa que se necesitaba para enfrentar el golpeteo de los 2 años recientes. Al ex promotor inmobiliario también se le atribuye una ola de despidos injustificados, según los testimonios de algunos afectados que se han acercado a este columnista para describir la prepotencia, arrogancia e incapacidad de Barraza que andaba desde hace varios meses ocupado armando su plan personal para aprovechar el contexto de las campañas políticas para juzgadores antes de la elección judicial. Muestra de ello es el reciente despido de Alejandro Michell Galván, quien fue particular de Barraza y coordinador administrativo de esa oficina, que además de su chamba en la judicatura dedicó muchas horas hábiles para promoverse como publicista de aspirantes a juzgadores interesados en darse a conocer antes de junio. Galván presuntamente cobró por fuera sus servicios aprovechando su posición institucional con el consentimiento de su jefe que también termina un ciclo lamentable y se va por la puerta trasera de Insurgentes Sur 2417.
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