Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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La Corte que se va podría destituir a Sheinbaum y sus legisladores por desacato
El proyecto que anula parcialmente la reforma judicial del obradorato será aprobado por 8 votos la próxima semana.
El proyecto que anula parcialmente la reforma judicial del obradorato será aprobado por 8 votos la próxima semana.
Es el fin de una época para dar inicio a otra que será devastadora para México, el 31 de agosto de 2025 a fuerza de golpes bajos concluirá el tiempo de nuestro Tribunal Constitucional, creado con una buena reforma que prevaleció durante 30 años.
A pesar de todo, esas 3 décadas fueron la mejor etapa del Poder Judicial de la Federación que generó una plataforma de certidumbre jurídica marcada por decisiones emblemáticas que acotaron al poder político y el presidencialismo autoritario.
Muchas decisiones han marcado positivamente el papel de la Corte como Tribunal Constitucional de 1995 a la fecha. Una emblemática fue al ejercer la ahora extinta facultad de investigación por violaciones graves de garantías en los meses posteriores a la matanza del Vado de Aguas Blancas en Coyuca de Benitez, Guerrero donde fueron asesinados 17 campesinos el 28 de junio de 1995. En esa ocasión los ministros determinaron que el gobernador Rubén Figueroa y otros colaboradores fueron responsables de la manipulación del caso, lo que tuvo como consecuencia su dimisión.
Esta Corte de las últimos 30 años declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo en el país y determinó que en todas las entidades debían modificarse las legislaciones locales para despenalizar el aborto. También reconoció la validez jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo y sentenció que despedir a una mujer embarazada de su empleo es discriminatorio e injustificado.
Hay miles de criterios, resoluciones, tesis y precedentes que han fortalecido el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Centenares de controversias y acciones en las que se han revertido arbitrariedades de autoridades federales, estatales, municipales o excesos del Ejecutivo. La Suprema Corte que se va en 10 meses ha frenado barbaridades por violaciones en el proceso legislativo que exhiben torpezas inadmisibles. Ese tribunal garante de nuestra Constitución paga con su liquidación el ejercicio de sus atribuciones que ha enfurecido al exacerbado poder político que extermina el disenso.
En 30 años 4 presidentes de México se vieron expuestos por los controles jurídicos ejercidos desde Pino Suárez 2, hasta que llegó el más autoritario de todos a cobrar venganza para eliminar a la institución que fijó límites a sus recurrentes abusos de autoridad. Al final, todo se reduce a una revancha avalada por un régimen dictatorial que pulveriza la impartición de justicia independiente.
Es necesario señalar también que se capitalizaron las deficiencias sin resolver dentro de una estructura judicial que careció de visión para anticiparse al golpe final. Dilaciones en tiempos de resolución por enormes cargas de trabajo que pudieron enfrentarse con mayor eficacia a los largo de los años, burocracia nociva enquistada en un sindicato aprovechado, casos de nepotismo, falta de cercanía hacia los justiciables, funcionarios de pedestal individual, infiltración de personajes traidores a la institución, falta de operación política para anticipar y revertir escenarios adversos, actos de corrupción (en mucho menor volumen que en los Poderes Ejecutivo y Legislativo) y oficinas de comunicación incapaces de ser proactivas, han sido algunos de los flancos débiles que facilitaron la embestida terminal contra la impartición de justicia. Esas grietas fueron bien aprovechadas, se calibró la táctica emprendida por el obradorato en el sexenio más destructivo que se haya visto.
Un avance que parecía irreversible ha sido borrado de la ruta del país hacia el futuro con la indiferencia de actores que lamentarán su displicencia para defender una democracia constitucional fracturada. Los más poderosos empresarios, algunos medios de comunicación acomodaticios, legisladores sin voluntad propia, instituciones autónomas avasalladas y sectores amplios de una ciudadanía venida a menos normalizan el golpe definitivo a la única estructura del Estado que les garantizaba defensa contra la arbitrariedad de gobernantes y autoridades.
Se acaba la Suprema Corte de Justicia garante de la Constitución y de los derechos fundamentales, se termina con la efectividad del juicio de amparo que tendía un manto protector a los ciudadanos ante los abusos. La narrativa de engaños surtió efectos y explotó magistralmente la ignorancia e indiferencia generalizada para llevar a los jueces federales al paredón sin reflexionar en las consecuencias por venir. La lejanía e incomprensión de lo jurídico perdió la batalla ante el populismo de los otros datos y las calumnias cotidianas.
La táctica del gobierno y sus legisladores se ejecuta con impunidad. No acatarán ninguna suspensión, no respetarán las resolución de la Suprema Corte y así se ratifica desde Palacio Nacional. La única resistencia ha venido de trabajadores y juzgadores indignados que son víctimas de un daño moral patrocinado con recursos públicos.
Los denostaron, hicieron una reforma específica para sacarlos de la Corte, los orillaron a renunciar y ahora que presentan sus cartas de dimisión los descalifican para decir que sólo los mueve el ánimo de “llevarse un montón de dinero”, según la expresión usada por Sheinbaum al referirse a los integrantes del Máximo Tribunal. Desde el Senado los impresentables Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal dicen que posiblemente no se acepten las renuncias. La intención principal de estos barbajanes con fuero y sin escrúpulos es la humillación, sin más. Habría que recordarle a la presidenta que quien cobra la pensión de retiro más cuantiosa es Arturo Zaldívar, pero eso es parte de las simulaciones que les caracterizan.
Con estos antecedentes a partir del martes 5 de noviembre los ministros analizarán la reforma judicial con la base en la propuesta de Juan Luis González Alcántara Carrancá que circuló su proyecto a inicios de la semana y en el que se invalida la elección por voto popular de jueces y magistrados federales, pero deja firme el proceso para ministros bajo la siguiente consideración plasmada en su propuesta: “Es la consciencia de que la legitimidad del actuar constitucional de este Tribunal Pleno ha sido erosionada injustificadamente en la opinión pública y de la necesaria mesura institucional que debe imperar en la relación entre los Poderes de la Unión, la que nos lleva a autocontener nuestro análisis y evitar realizar un pronunciamiento respecto de la reforma que se realizó al régimen aplicable a las Ministras y a los Ministros que integran esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Otro aspecto esencial del proyecto que se discutirá a partir del próximo 5 de noviembre plantea invalidar la cancelación de los efectos generales de las suspensiones de amparo que reclamen la inconstitucionalidad de una ley, sin duda un aspecto central de la arbitraria reforma judicial que pretende desfigurar los alcances protectores del amparo.
Y para quienes a pesar de todo esto se atreven a decir que no atravesamos por una profunda crisis constitucional, es pertinente recordar que conforme nuestras leyes vigentes la Suprema Corte podría determinar la destitución inmediata de legisladores federales y de la propia Presidenta Sheinbaum por desacato a la resolución que emitan los ministros sobre la revisión de la reforma judicial. Digan lo que digan y a pesar de las amenazas, ese es el contexto de los acontecimientos que se aproximan.
Les anticipo con certeza un escenario que sacudirá al régimen. El proyecto de revisión y anulación parcial de la reforma judicial será aprobado con la mayoría calificada de los 8 votos necesarios. Si la decisión de la Corte no fuese cumplida en sus términos, la presidenta Shienbaum y sus cómplices en el Congreso estarán en causal para ser destituidos por desacato. ¿Crisis? Sin duda, con el sello del llamado segundo piso de la 4T.
EDICTOS
Sin desperdicio los textos de renuncia de la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que surtirán efectos el 31 de agosto de 2025. Ambos con enorme congruencia y dignidad han anunciado que no participarán en el proceso de elección de ministros de la Corte que vendrá. Ríos Farjat señaló en su dimisión que mantendrá dignidad y libertad personal, además optará por no aceptar el pago de dinero mensual que tiene derecho conforme a la propia reforma y en su momento devolverá a la Tesorería de la Federación.
Gutiérrez Ortiz Mena dice en su carta dirigida al Senado que no se considera un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular y cierra con un fraseo que revela enorme estatura: “El único lujo que me permito al dejar este puesto es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo es no aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre”.
Al momento de escribir esta columna los 8 integrantes del llamado bloque coherente de la Corte ya habían hecho llegar al Senado sus cartas de renuncia.
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