Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
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Juzgadores ad hoc para criminales
Ser juzgador federal en Zacatecas, Culiacán, Nuevo Laredo o Celaya, solo por citar algunos focos de violencia, será todo un reto de sobrevivencia; a menos que la consigna sea tomar la plata para evitar el plomo. Con esta reforma pronto estaremos hablando de los jueces del narcotráfico.
Ser juzgador federal en Zacatecas, Culiacán, Nuevo Laredo o Celaya, solo por citar algunos focos de violencia, será todo un reto de sobrevivencia; a menos que la consigna sea tomar la plata para evitar el plomo. Con esta reforma pronto estaremos hablando de los jueces del narcotráfico.
Impartir justicia no es sencillo, además de una preparación intensa y escalar los peldaños de la meritocracia para adquirir experiencia, es necesario estar dispuesto a enfrentar riesgos que implican dirimir los intereses en juego entre las partes en juicio que se identifican en muchas ocasiones con grupos delictivos de alto impacto. Si, que nadie olvide que los criminales también acuden a los juzgados y tribunales, sus métodos de persuasión son bien conocidos y no sólo en lo que tiene que ver con los procesos penales que algunos enfrentan. Por la naturaleza de su función el juzgador se convierte en un nómada dentro de los 32 circuitos en que se divide al país, hace mudanza junto con su familia para establecerse en diversas regiones donde cumplirá la adscripción que se le asigne desde la Ciudad de México.
Imaginen el entorno de un juez de distrito en materia penal en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Baja California, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas o el penal de máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México y un largo etcétera. Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Ensenada, Nuevo Laredo, Zacatecas, Acapulco, Culiacán y Celaya son algunas de las 20 ciudades más peligrosas del mundo; en ese entorno hay juzgados federales cuyos titulares deben impartir justicia con la permanente amenaza del plomo.
No se trata de romantizar la labor del juzgador, pero tampoco de normalizar las contingencias que enfrenta. Sin duda, hay quienes se han corrompido para volverse cómplices de poderosos delincuentes, el riesgo de ser amenazados es un contexto común en las asignaciones consideradas de alto riesgo, pero eso no define a la generalidad de las personas juzgadoras. En la experiencia de tratar con ellos durante 3 décadas les puedo asegurar que una abrumadora mayoría son funcionarios honestos que entienden la trascendencia de su investidura y en consecuencia han sido leales a los principios de la institución a la que representan.
Según un estudio realizado por “México Evalúa” el 21% de los jueces y el 52% de los actuarios de poderes judiciales locales han sido víctimas de ataques o amenazas a su integridad en la última década.
Tres jueces de distrito y dos magistrados de circuito han sido ejecutados con armas de alto calibre en los últimos años. En 2020 Uriel Villegas Ortiz y su esposa fueron asesinados en Colima; René Hilario Nieto fue ejecutado en 2006 de un tiro en la cabeza en Toluca, Estado México; en esa misma entidad Vicente Bermúdez Zacarías fue asesinado mientras corría por calles de Metepec en 2016, aunque en este caso vale mencionar que en los hechos estuvo involucrada su pareja, al parecer por una situación distinta a la naturaleza de su función.
En 2001 los magistrados federales Jesús Ayala Montenegro y Benito Andrade Ibarra fueron acribillados en Sinaloa con armas de alto poder. En estos 5 casos los juzgadores tuvieron bajo su responsabilidad asuntos que involucraron a la delincuencia organizada o el narcotráfico, las circunstancias de sus muertes mostraron el sello distintivo de ese tipo de mafiosos con el antecedente de sus respectivos litigios ante el Poder Judicial de la Federación.
El año pasado la comisión de vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal sometió a consideración los casos concretos de 242 jueces y magistrados en situación de riesgo por su desempeño profesional en zonas con elevada incidencia del crimen organizado. El protocolo institucional lleva a analizar la situación de cada uno respecto a los casos que han resuelto o están por decidir, sí así lo determina el alto mando del Consejo se les otorga protección con escoltas, vehículos oficiales blindados y resguardo especial para su entorno familiar.
Esta es la realidad en un país de violencia sin control donde la recomendación presidencial fue dar abrazos a los delincuentes porque ellos también son pueblo. El imperio de la impunidad es uno de los principales retos de Claudia Sheinbaum, que a pesar de su narrativa populista sabe bien que está montada en una bomba de tiempo.
La más reciente ejecución de un alcalde tuvo lugar en Chilpancingo, Guerrero, el escozor encauzó nuevamente el tema de la operación impune de los criminales en la agenda nacional, pero al arranque del sexenio y con actores distintos como Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La evidente complicidad entre delincuentes y autoridades ha establecido como regla la negociación del Estado de derecho, dos de los ejemplos más claros son Sinaloa y Guerrero, los gobernadores morenistas en esas entidades han abierto frentes de convivencia con los responsables del baño de sangre que se dice oficialmente es exclusivamente entre delincuentes. La ejecución de Alejandro Arcos Catalán (que obviamente no será la última) devela la complicidad de gobernadores que carecen de control y toleran a viejos conocidos porque se vuelven parte de la maquinaria de simulaciones. Para nadie es una sorpresa y están documentados los nexos entre Félix Salgado Macedonio con diversos grupos criminales que operan en Guerrero, la llegada de su hija a la gubernatura se ha dado en el mismo esquema de complicidad. Quien llega a la alcaldía de Chilpancingo tendrá que tolerar a las bandas sanguinarias que amenazan a la población, de lo contrario correrá la misma suerte de su antecesor, en esa lacerante realidad se encuentra inmersa más de la mitad del territorio nacional.
¿Por qué les doy este contexto? Justo ahora con la reciente aprobación de una reforma constitucional que a pesar de los atropellos que la envuelven, es norma vigente. Ahora se acelera el proceso para tratar de darle cauce a una elección demencial de juzgadores a través del voto popular, este entuerto de logística imposible nos llevará a un proceso electoral inédito, peligroso y regresivo para la impartición de justicia federal.
¿Quiénes van a patrocinar a los candidatos? ¿A qué intereses oscuros responderán los elegidos? El parámetro son los alcaldes, legisladores y gobernadores. ¿Quiénes van a ser electos jueces y magistrados en los rumbos dominados este tipo de malandros? No hay que darle muchas vueltas para llegar a conclusiones objetivas.
Si el narcotráfico y las poderosas bandas de malhechores han sometido a gobernadores y autoridades federales para operar impunemente con la garantía de que nadie se meterá con ellos, sólo por un momento anticipemos desde la lógica más elemental lo que ocurrirá en el proceso de elección de juzgadores federales a realizarse en 8 meses. La dantesca reforma judicial pondrá en bandeja a los corderos a merced de los lobos para tener jueces a modo, esos que por decreto serán “incorruptibles” según dijo hasta la saciedad el ex presidente que ya se fue a su rancho “la chingada”. Ser juez de distrito en materia penal o magistrado de circuito en Culiacán, Zacatecas, Nuevo Laredo o Celaya, sólo por citar algunos de los numerosos focos rojos, será todo un reto de sobrevivencia a menos que la consigna sea tomar la plata para evitar el plomo. De no reflexionar sobre este escenario, muy pronto estaremos hablando de los jueces del narcotráfico, eso sí muy populares y sin carrera judicial. Espeluznante lo que viene.
EDICTOS
Puedo confirmar que horas después de que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de la República, el senador Adán Augusto López Hernández hizo saber “en corto” a los ministros que integran el pleno de la Suprema Corte de Justicia que sus haberes de retiro estarían garantizados. Misma condición tendrán los ministros ya retirados que en total son 10, entre ellos Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero. Esto no significa que vaya a darse un ánimo flexible respecto a la reforma judicial a la que no se le cambiará ni una coma. Otro aspecto interesante es que las ministras de la 4T (Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres) andan buscando calor por parte de la jefa del Ejecutivo, quién no les ha mandado ninguna señal de cercanía hasta el momento. Es decir, no hay garantías de que sean tomadas en cuenta para la integración de la tremenda Corte que vendrá tras las elecciones de junio de 2025.
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