Fondo de inversión le gana a México

De un momento a otro se tendrá que hacer oficial, pero le adelantó que un fondo de inversión de origen canadiense-estadounidense acaba de ganarle a Mexico un arbitraje de inversión por mil millones de pesos. Este no tiene nada que ver con el comentado hace unos días por la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, que informó que nuestro país obtuvo la victoria en un tribunal internacional por un caso expuesto de supuestas faltas inversionista-Estado con la empresa francesa de telecomunicaciones Eutelsat, porque como le digo en este caso ha perdido México. Y mire le cuento. Un fondo de inversión canadiense creó hace años un instrumento para invertir en el sector inmobiliario en Mexico y lo denominó Lion Mexico Consolidated LP (LMC).

Ese fondo invirtió, entre otros proyectos, en Guadalajara y Nayarit; sin embargo, resultó defraudado por un empresario jalisciense que ya ha estado preso, y quien con la complicidad de un Juez civil local de Guadalajara canceló las garantías hipotecarias que había dado a LMC para asegurar el pago de un crédito de más de 40 millones de dólares. 

LMC demandó a un inversionista ante los tribunales mexicanos, sin lograr justicia. Entonces recurrió al capítulo XI (arbitraje inversionista-Estado) del TLCAN, hoy conocido como T-MEC, y demandó a México alegando que el “error judicial” del Juez Civil de Guadalajara constituye una medida equivalente a un acto de expropiacion de su inversión (pérdidas de las garantías hipotecarias).

Ayer, el tribunal de arbitraje internacional notificó su laudo arbitral y condenó a México a pagarle a LMC más de 47 millones de dólares (mil millones de pesos). ¿Cómo la ve? Obviamente más intereses, más los costos del arbitraje.

Este es, además, un caso sin precedentes porque por primera vez la actuación (indebida) del poder judicial es considerada como un acto expropiatorio de una inversión. Por cierto, próximamente la Secretaria de Economía deberá publicar el laudo condenatorio de este caso, y sus detalles porque es información que está obligada a hacer pública. Así que la demanda de LMC y demás actuaciones de este arbitraje internacional deberá estar completita. Ya le contaremos más del caso. 

¿Más patrones abusivos?

Mucho se ha hablado sobre los resultados obtenidos a solo unas semanas de que entrara en vigor la reforma al outsourcing, sobre todo luego que el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, diera a conocer que unos cinco millones de personas laboraban bajo este esquema de contratación, aunado a que las cifras de la Procuraduría Fiscal apuntaban a que unas 6 mil compañías del ramo evadían más de 21 mil millones de pesos en impuestos. Pero estos no eran los únicos abusos: el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, puso el dedo sobre la llaga al informar que el organismo público con mayor número de afiliados perdía de sus arcas unos 773 millones de pesos al año.

Sin embargo, con todo y el paso dado, amén de los retos que ha representado, no deja de captar reflector el hecho de que al interior de la administración pública no se haga lo propio para detener a aquellos delincuentes de cuello blanco, que viven a costa de los derechos de sus trabajadores. La historia tiene origen en Gott und Glück, compañía que ha sumado contratos por 159 millones 138 mil pesos; sin embargo, tiene en el olvido a sus empleados. De inicio porque su registro obrero patronal del mes pasado refleja deudas por cubrir que ascienden a 14 millones 550 mil pesos en el caso de cuotas obrero patronales, y a 3 millones 659 mil pesos en el caso de las aportaciones a la subcuenta de retiro, cesantía y vejez (RCV).

Lamentablemente el relato no culmina ahí, porque al contrastar el número de colaboradores dados de alta en el instituto, resulta que suman apenas 902, contra los 3 mil 300 afanadores que le han solicitado en diversas dependencias. Así, entre las 18 contratistas figuran la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de la Función Pública y el Instituto para la Educación de los Adultos, entre otras.

Por último, no se puede perder de vista que a inicios de año Gott und Glück ya tenía unos 6 millones 971 mil pesos por pagar al IMSS, motivo por el cual sigue en duda cómo consiguió la Opinión de Cumplimiento favorable en materia fiscal, que le era necesaria para ser aceptada como “posible proveedora”, de acuerdo con lo estipulado en el contrato marco que integró la Secretaría de Hacienda, hoy al mando de Rogelio Ramírez de la O.

Tome nota porque en el nicho corren versiones sobre una cercana amistad entre integrantes de la empresa y el director de Afiliación y Cobranza del IMSS, Luis Anuar Estefan Garfias, así como con la funcionaria de Hacienda y cercana a la Oficial Mayor, Adriana Bernal Sánchez.

Concanaco respalda 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) ha recibido el respaldo de la Secretaría de Economía. Se notificó el reconocimiento de la 105 asamblea general ordinaria, en la Héctor Tejada Shaar fue elegido como presidente, sus consejeros, y su consejo directivo. Tejada Shaar llega bajo la sombra de malos manejos y, por supuesto, con la división de su gremio.

Pero eso no es todo, con base en un dictamen presentado por la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República tendría elementos necesarios para actuar penalmente contra de Héctor Tejada Shaar. La auditoría señala que se deberá reparar el daño económico al erario y a los contribuyentes al no comprobar recursos que esta confederación recibió del Inadem entre el 2014 y el 2016, mismos que suman más de 206 millones de pesos. Habrá que darle seguimiento a este caso.

Voz en Off

Torre Mítikah, diseñada por el arquitecto César Pelli, nació contaminada, insalubre, maloliente, pestilente, enferma. El proyecto aprobado, aplaudido y avalado en la gestión Marcelo Ebrard ha vivido penosos episodios, hace poco por tala de árboles, hoy uno más por señalamientos de privatización de una calle, y otro más por el derribo de un muro en Puente Xoco. ¿En que terminará esto? Donde hace poco había unión de vecinos contra el residencial, actualmente resulta que el 50% lo apoya y el otro 50% no. Vaya usted a saber qué los hizo cambiar de opinión. Por cierto, hace unos días quedó libre un activista de la Asamblea del Pueblo Originario de Xoco que se había manifestado en contra del proyecto inmobiliario Mítikah…