Especialista en política energética y asuntos internacionales. Fue Secretario General del International Energy Forum, con sede en Arabia Saudita, y Subsecretario de Hidrocarburos de México.
Actualmente es Senior Advisor en FTI Consulting.
El FMI y la nueva política industrial
El Fondo Monetario Internacional ahora monitorea desde subsidios hasta exenciones fiscales, dada su influencia en la estabilidad económica y las relaciones internacionales.
El Fondo Monetario Internacional ahora monitorea desde subsidios hasta exenciones fiscales, dada su influencia en la estabilidad económica y las relaciones internacionales.
Tan significativo es el retorno de la política industrial alrededor del mundo, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha decidido dedicar mayor atención a su despliegue. Desde su fundación en 1944, sus labores de monitoreo, evaluación y asistencia se han concentrado en las políticas fiscales, monetarias y cambiarias. Ahora, dado el potencial impacto de los subsidios, exenciones de impuestos y otras medidas de promoción industrial que pueden desequilibrar las cuentas públicas o la balanza de pagos internacionales de cualquier país, el FMI ha decidido explorar un terreno típicamente ocupado por el Banco Mundial, más orientado hacia las políticas y estrategias de desarrollo económico.
Un grupo de investigadores del FMI preparó un documento hecho público en febrero de este año dedicado a establecer las premisas bajo las cuales el FMI debe monitorear las políticas industriales de sus miembros. “La política industrial está volviendo con fuerza”, afirman desde el comienzo los autores, “impulsada por consideraciones económicas y no económicas”. Las primeras se refieren sobre todo a los objetivos tradicionales de la política comercial, como promover el establecimiento y desarrollo de sectores específicos. Las industrias siderúrgica, química, eléctrica, automotriz son ejemplos.
Las consideraciones “no económicas” se refieren a los nuevos objetivos de la política industrial surgidos como resultado del calentamiento global, la pandemia, la mayor preocupación por la seguridad después de la invasión a Ucrania y la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. En todos estos casos, la respuesta de los mercados es insuficiente y la justificación de algún tipo de activismo estatal, como la política industrial, tiene mayor peso. Los economistas llevan desde Adam Smith señalando que la educación, la salud, la defensa, la contaminación, la conectividad, entre otras, son áreas susceptibles de intervención estatal, si bien destacan que la forma de intervenir importa sobremanera para los resultados.
Los autores del documento sugieren que el FMI debe monitorear las medidas asociadas a la “nueva política industrial” cuando sean de carácter “macro-crítico”, es decir, cuando atenten contra la estabilidad económica interna y las relaciones económicas de un país con el resto del mundo. Si, por ejemplo, para promover la fabricación de equipos empleados en la generación de energías renovables, la industria militar o los microchips, los gobiernos aplican subsidios y exenciones de impuestos potencialmente insostenibles, el FMI debe identificarlo y en su caso advertirlo. Si la forma que estas medidas toman es además incompatible con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el FMI debe hacerlo notar.
La inquietud con este tema ha sido suficientemente grande para llevar a otro par de investigadores del FMI a sumar fuerzas con académicos de la Universidad de St. Gallen, Suiza, para medir hasta dónde ha crecido la aplicación de políticas industriales en el mundo. En esta universidad se lleva a cabo desde 2009 una iniciativa para monitorear el proteccionismo, conocida como la Alerta Comercial Global (Global Trade Initiative), cuyo origen responde a la preocupación de los líderes del G20 frente a una posible escalada de barreras comerciales en respuesta a la crisis financiera de 2008. Desde el año pasado esta Alerta ha sido ampliada y complementada con un Observatorio de la Nueva Política Industrial que registra el conjunto de anuncios de política, estrategias y medidas de 75 países orientadas a promover uno o varios sectores específicos.
Su trabajo nos permite entender el mapa de la política industrial en el mundo. En 2023, el conjunto de economías avanzadas, emergentes y en desarrollo instrumentaron más de 2,500 medidas de política industrial. Estados Unidos, la Unión Europea y China, las economías más grandes, aplicaron la mitad de ellas. En las economías avanzadas destacan los subsidios a la exportación y políticas de localización geográfica como las compras de gobierno y las condiciones sobre las inversiones. En las economías emergentes como las latinoamericanas o del sureste asiático también destacan los subsidios a la exportación, pero son tan importantes las barreras comerciales como las de localización geográfica.
Los sectores más beneficiados con este tipo de políticas incluyen al militar o de uso dual civil-militar (26% del total de medidas registradas), semiconductores y artículos médicos (21%), tecnologías que reducen el uso de carbono (15%), acero y aluminio (10%). Las razones más mencionadas en los documentos oficiales para aplicar estas políticas se refieren a la competitividad estratégica (37%), cambio climático (28%), geopolítica y seguridad nacional (20%) y resiliencia de cadenas productivas (15%).
Cualquiera que sea la motivación expresada en los documentos, los investigadores encuentran que el uso de estas políticas está correlacionado con factores políticos e institucionales: la proximidad de una elección, si el partido en el poder es de derecha, la existencia de industrias con aparentes ventajas en el cabildeo dado el tiempo que llevan operando en un mercado, la capacidad de la administración pública para ejecutar proyectos. Y detrás de ellas operan algunos factures estructurales: la falta de diversificación económica, la fortaleza fiscal, la apreciación del tipo de cambio, entre otros.
Estos factores políticos apuntan a que el desafío para la política industrial radica en la práctica más que en la teoría. Aunque hay argumentos válidos para la intervención del estado cuando se trata de la educación, el medio ambiente o la defensa, entre otros, no está claro si los gobiernos serán capaces de orientar las políticas hacia donde se requiere, dadas la presión de los grupos de interés y la información insuficiente para identificar dónde y cómo intervenir.
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