José Luis Moyá Moyá, “el zar de las solicitudes de información”, fue vinculado a proceso e ingresado a prisión preventiva luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) lo acusara de participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita en 2023. Las investigaciones señalan que las empresas utilizadas en estas operaciones buscaban desestabilizar instituciones gubernamentales.
Durante la audiencia de control de la detención, el Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del acusado luego de que durante las indagatorias se estableció la posible participación de este individuo en el ilícito.
La defensa de Moyá Moyá solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que fue concedido por el juez. Además, se ordenó la congelación de sus cuentas bancarias para evitar el posible desvío de recursos.
La trayectoria de este personaje ha estado marcada por denuncias de extorsión y abuso del sistema de transparencia.
Desde 2002, presentó más de mil solicitudes de acceso a la información y 700 recursos de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). Con esta información, habría presionado a empresarios y funcionarios en busca de beneficios económicos e incluso se hizo pasar por asesor de servidores públicos para acceder a datos confidenciales.
En 2006, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, denunció que Moyá le exigía dinero a cambio de no dañar su reputación pública.
Asimismo, fueron dados a conocer recientemente videos sobre la posible implicación de Rosa María Moyá, madre del imputado, quien habría realizado transferencias millonarias sin justificación. En 2020, sus movimientos financieros superaron los 11 millones de pesos, a pesar de no tener antecedentes empresariales, lo que apunta a una posible triangulación de recursos.
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