Violencia sexual y laboral en el Poder Judicial: en tres años, ocho magistrados y jueces han sido suspendidos

Las suspensiones llegaron con una semana de diferencia. La primera fue para Fernando Omar Garrido Espinoza, ex titular del Segundo Tribunal Tributario de Nayarit, el 18 de marzo por tiempo indefinido. La segunda para José Luis Legorreta Garibay, magistrado federal del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Villahermosa, Tabasco, el 25 de marzo por seis meses. El motivo fue el mismo: presuntos actos de violencia sexual grave contra colaboradoras del propio tribunal.

No son casos aislados en el Poder Judicial. De 2018 a la fecha, ocho magistrados y jueces han sido suspendidos e inhabilitados por presunto hostigamiento sexual y acoso laboral contra trabajadoras y trabajadores del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

A las dos sanciones de este año se suman tres emitidas en 2020, una en 2019 y dos en 2018, según información del consejo consultada por La-Lista. En la mayoría de los casos, la suspensión es temporal mientras se realizan las investigaciones y, si se confirman las acusaciones, el siguiente paso es la destitución.

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El 31 de mayo de 2018, por ejemplo, el CJF destituyó al juez Francisco Ramos Silva. Se le demostró culpable de conductas de hostigamiento sexual contra una servidora pública y de dar un nombramiento a una persona que acudía a laborar de manera ocasional. Fungía como titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México.

El 8 de junio de ese mismo año se suspendió por nueve meses a la magistrada María del Carmen Torres Medina. Era integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en Chilpancingo, Guerrero. ¿La acusación? Actos de hostigamiento sexual contra nueve trabajadores bajo su mando. También fue acusada de violencia psicológica contra una servidora pública.

Para Rita Muciño Corro, abogada especialista en derechos humanos y temas de género, las sanciones a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación por violencia sexual son un resultado de la lucha feminista. ”Debido a estas presiones que existen es que vemos materializadas en acciones más concretas, acciones reales, no sólo cuestiones verbales”.

Sin embargo insiste en que para atender la violencia contra las mujeres se requiere más que hechos punitivos. “Estas acciones deben ir concatenadas con otras. Que en los centros laborales, desde las voluntades máximas, se entienda cómo estas violencias nos atraviesan en lo colectivo y se tomen medidas para la prevención. Que se mida el clima laboral y organizacional. Localizar focos rojos para establecer medidas y prevenir que ocurra este tipo de violencia”.

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Unidad contra el acoso sexual

Fue en 2018 cuando las conductas de naturaleza sexual sin el consentimiento de la víctima fueron incorporadas como causal de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

Pero hasta el 27 de febrero de 2020, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la creación de la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual. Su responsabilidad es proporcionar atención a los funcionarios del CJF en los casos de acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género.

Tan sólo del 1 de julio al 31 octubre de 2020, la Unidad de Prevención y Combate al Acoso Sexual del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió 15 casos relacionados con conductas de violencia sexual y de género contra trabajadoras y trabajadores del consejo, según reportó el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar en su informe anual.

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Ocho de esos casos llegaron a la unidad y las víctimas recibieron contención y acompañamiento desde el inicio. Los siete restantes ya tenían un procedimiento abierto con otras instancias competentes.

Además de dar acompañamiento, la unidad ofrece talleres sobre las dinámicas y modalidades de las conductas de acoso sexual, hostigamiento sexual, y otras formas de violencia sexual y de género en el trabajo, así como estudios de medición de ambiente laboral. “Sin duda activa los mecanismos, comienza a generar un poco más de confianza en las mujeres”, señala Muciño Corro en entrevista para La-Lista.