Luego que en el Senado se frenó la minuta que propone la cobranza delegada, esquema en que los patrones pagan periódicamente las deudas adquiridas por los trabajadores tras tener su consentimiento, el consejero independiente de la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), Pablo Escalante Tattersfield, apuntaló entre las ventajas el impedimento para que los sujetos de crédito se sobreendeuden, tasas reguladas y disminuciones en los precios del mercado.
“Los principales beneficios son: uno, regula el sobre endeudamiento; segundo, tiene una tasa comparativa, las entidades financieras que presten bajo esta modalidad no van a poder poner la tasa que ellos deseen, que si lo ves en el mercado no formal son altísimas; la tercera ventaja es que amplía la competencia”, resaltó.
El también exvicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) agregó que por ejemplo, en Colombia y Brasil, este tipo de marco jurídico no solo ha dado certezas a los usuarios, también ha permitido que el valor del crédito en general alcance del 2% al 3% de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en México este indicador es apenas del 1%.
Durante su explicación, Escalante Tattersfield insistió en que más allá de intereses políticos, la cobranza delegada es una iniciativa regulatoria de no endeudamiento, ya que hasta el momento los trabajadores ya adquieren los créditos, pero se les permite exceder hasta 300 veces su salario.
Entre los temas que desmitificó también figuró la percepción de que la cobranza delegada es igual a un embargo, debido a que no se pasa por un juicio ni se recurre a la fuerza pública para que los deudores cubran sus préstamos, aunado a que en todo momento se tiene la autorización del usuario.
“Con la cobranza delegada, si les aplicaran cobros por encima de la tasa promedio, los afectados pueden por ley pedir que se detenga el cobro, eso no sucede con otro tipo de créditos”, resaltó.
De acuerdo con los cálculos del experto con 40 años en el sector financiero, el mercado actual tiene un valor de alrededor de 470 mil millones de pesos al considerar los créditos expedidos por instituciones bancarias y por los integrantes de la AMDEN.
La minuta fue detenida por el Senado de la República a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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