Samuel García une al Congreso de Nuevo León… en su contra; urgen a investigarlo
"Soy incorruptible, mi gobierno es incorruptible", se ha defendido el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tras diversas acusaciones.
"Soy incorruptible, mi gobierno es incorruptible", se ha defendido el gobernador de Nuevo León, Samuel García, tras diversas acusaciones.
El Congreso de Nuevo León aprobó enviar un exhorto a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera, a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que investiguen los contratos de construcción de las líneas del Metro otorgados a “proveedores favoritos” y una presunta “triangulación de fondos públicos” realizada por el gobierno de Samuel García.
A propuesta de la diputada Armida Serrato Flores, del PRI, que unió a todas las fuerzas políticas -excepto Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador-, se solicitó que se investigue bajo qué condiciones se otorgaron los contratos del Metro por más de 5 mil millones de pesos a Grupo Gentor, empresa vinculada a la constructora Mota-Engil México, encargada de las obras de las líneas 4, 5 y 6 del Sistema de Transporte Metro, las cuales se presume están relacionadas a una red de pagos y conexiones al despacho Firma Jurídica y Fiscal abogados (FJyF), propiedad del mandatario estatal Samuel García y su padre.
“También señala pagos y facturas, a la empresa North American Heavy Equipment (NAHE), una empresa operada por Sergio Dávila González, a la cual ha pagado al menos 128.3 millones de pesos al despacho legal de García. Estos pagos comenzaron justo después de que el gobierno de García asignará a Mota-Engil la construcción de las nuevas líneas del metro”, precisó Armida Serrato en tribuna.
“Hay empresas vinculadas, como NAHE, Bemase, así como Comercio y Servicios Industriales Acerta, que también son operadas por Dávila, los cuales han realizado operaciones millonarias y servir de intermediarias con dependencias estatales o proveedores del gobierno”, agregó.
Serrato Flores urgió a las instancias competentes a que también indaguen los pagos realizados por el gobierno de Samuel García a compañías del Grupo Gentor y a la constructora Mota-Engil México y en caso de encontrar elementos que configuren actos constitutivos de delitos, proceder en contra de quien resulte responsable.
“Se detalla las empresas y sus transacciones están interconectadas, sugiriendo posibles conflictos de interés y prácticas cuestionables en la asignación de contratos públicos, esta evidente práctica de corrupción en contra del pueblo de Nuevo León debe ser investigada y debe de llegar hasta las últimas consecuencias”, abundó en tribuna.
Refirió que “el gobernador (Samuel García) como lo suele hacer, a través, de sus redes sociales, sale da la cara y dice que ´todas y cada una de las actuaciones que ha hecho este gobierno han sido dentro de la ley´, y me pregunto, que lo haga conforme a la Ley no lo deja libre de que el dinero se está triangulando a su beneficio”.
La diputada local recordó que los proveedores favoritos del mandatario estatal también están relacionados con la dación de pago de un terreno de 17.6 hectáreas ubicado en la mesa de la corona en el municipio de San Pedro.
Previamente, la revista Proceso reveló que los vendedores del terreno para la gigafactory de Tesla transfirieron fondos a una empresa que, a su vez, pagó a una razón social y de ahí a otra empresa, que finalmente transfirió 123 mdp al despacho de Samuel García y de su padre.
El medio publicó que Grupo Gentor, de Javier Garza Bufington, era uno de los principales clientes de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, el despacho de Samuel García y su homónimo padre.
Al respecto, el gobernador de Nuevo León rechazó la veracidad del reportaje sobre presuntas triangulaciones relacionadas con la compraventa del terreno para la planta de Tesla con las que se habría beneficiado.
“Me veo obligado a decirlo porque desde el periodo electoral pasado se han publicado decenas de notas similares: acusaciones sin fundamento porque no hay denuncias, no hay pruebas, todas están basadas en ‘información’ de una Fiscalía controlada por el PRIAN”, expuso Samuel García.
“Me veo obligado a desmentir porque entiendo que se trata de una estrategia, lo que están haciendo es sacar tantas notas negativas como puedan, para que parezca que realmente hay algo malo. No es así, soy incorruptible, mi gobierno es incorruptible, todo mi patrimonio y toda la actividad empresarial que tuve antes de entrar a la política es pública, está en mi declaración patrimonial porque no tengo nada que ocultar”.
En otra aclaración, Samuel García precisó:
“1. Todas las licitaciones de este gobierno están bien hechas, conforme a la ley y son transparentes. 2. Mi patrimonio y el de mi empresa familiar están en mis declaraciones patrimoniales y son públicos. 3. Su servidor y este gobierno son incorruptibles“.
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