Pongamos los ojos en la justicia cívica

¿Qué es lo primero que piensas al vivir un conflicto o problemática vecinal o comunitaria? Apenas vivimos una situación así, muchas personas solemos pensar en llamar a la policía, bajo el supuesto de que su participación puede ser clave para resolverlos. Esto funcionaría así si las policías fortalecieran sus habilidades de proximidad, facilitación y mediación de conflictos para poder hacer un buen trabajo y efectivamente contribuir a la preservación de la paz y la prevención de conflictos que pueden escalar a conductas delictivas o actos de violencia…

En tanto, existen otras herramientas a tomar en cuenta para promover entornos pacíficos en nuestras colonias y barrios. Una de ellas son los juzgados cívicos, instancias que pueden ayudarnos a resolver conflictos derivados de la convivencia. Aunque hemos escuchado de ellos principalmente porque las personas policías nos presentan en estos lugares cuando cometemos alguna falta administrativa -como beber o reñir en la vía pública-, no sólo tienen la función de asignar sanciones a las faltas administrativas, su trabajo también es conciliar, facilitar y dar seguimiento de conflictos vecinales o familiares; por ejemplo, nos pueden ayudar en casos en los que se atenta en contra de la tranquilidad de las personas en un edificio.

Los juzgados cívicos son los espacios a los que podemos acudir cuando somos testigos de conductas antisociales o cuando somos parte de un conflicto vecinal o comunitario y queremos resolverlo de la mejor manera.

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En teoría eso es lo que debe pasar, pero en México existe precariedad y falta de condiciones para que el Estado ofrezca una justicia cívica eficiente. Aunado a la falta de conocimiento y confianza por parte de la ciudadanía en estas instancias. 

Para que un juzgado cívico pueda proporcionar sus servicios idealmente debe contar con las condiciones y recursos necesarios, empezando por que existan suficientes sedes de juzgados que respondan a la densidad demográfica de un territorio y al número de incidencias de faltas administrativas que se puedan llegar a registrar.

Otros requerimientos mínimos son de recursos humanos y condiciones físicas como contar con un equipo multidisciplinario conformado por profesionales que proporcionen un servicio imparcial, sean eficientes, transparentes y justos; los juzgados también deben contar con espacios dignos para prestar el servicio, con los mínimos de infraestructura para dotar de un entorno digno a las personas servidoras públicas y, sobre todo, a las personas usuarias.

Los juzgados cívicos deben contar también con al menos un área de recepción y/o información atendido por una persona servidora pública con los conocimientos y habilidades necesarias que proporcione información certera y clara a las personas usuarias; una sala de espera con la cantidad de espacios necesarios para que el número de personas que acuden a solicitar alguno de los servicios que prestan los juzgados cívicos puedan permanecer sentadas hasta el momento en que sean atendidas; áreas de seguridad y resguardo seccionadas para personas en recuperación, adolescentes, adultas mayores; salas de audiencias con el equipo tecnológico y mobiliario necesario para el correcto desarrollo de los procedimientos; áreas médicas, psicológicas y de trabajo social equipadas con material necesario para llevar a cabo las certificaciones y evaluaciones y elementos de equipo de cómputo, mobiliario de oficina e insumos de papelería necesarios para llevar a cabo sus demás funciones.

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Mejorar la calidad de atención en estos espacios y generar las condiciones para mejorar el sistema de justicia cívica en México es necesario y apremiante. Este es un tema que debe colocarse en la conversación política, legislativa y social como un aspecto fundamental. En un México cuyo tejido social es diariamente golpeado por la impunidad, la inseguridad y la delincuencia, avanzar en la mejora de la justicia cívica es sumar a la construcción de entornos ciudadanos más participativos, más pacíficos y más seguros; capaces de conciliar y resolver conflictos con instituciones que fungen de árbitros imparciales y eficientes ante la vastedad de problemáticas cotidianas que nos afectan.

Una justicia cívica eficiente, transparente y eficaz se reflejará, en el largo plazo, en comunidades más seguras, pacíficas y justas.