El presidente Daniel Ortega intensifica la persecución religiosa en Nicaragua
Ortega expulsa a 222 religiosos de Nicaragua, incluyendo 91 monjas, agravando la persecución religiosa desde 2018. Un informe revela aumento en la represión.
Ortega expulsa a 222 religiosos de Nicaragua, incluyendo 91 monjas, agravando la persecución religiosa desde 2018. Un informe revela aumento en la represión.
Desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018, el gobierno de Daniel Ortega con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, ha intensificado la persecución religiosa, una táctica que ha llevado a la expulsión de 222 religiosos, entre ellos 91 monjas, según un informe reciente de la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más. Este informe detalla cómo la represión contra la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas se ha convertido en una herramienta clave para consolidar el poder autoritario del régimen.
“El régimen Ortega Murillo ha incrementado el hostigamiento a laicos y líderes religiosos. Las agresiones a sacerdotes, obispos, religiosas y la feligresía han sido documentadas por instancias defensoras de derechos humanos, destacándose casos de expulsión de congregaciones y la clausura de organizaciones no gubernamentales religiosas”, indicó el informe.
Persecución religiosa, bajo el régimen de Ortega, en Nicaragua
El informe titulado Libertad religiosa, persecución a laicos revela que, entre enero y abril de 2024, al menos 34 sacerdotes nicaragüenses fueron obligados a abandonar el país, sin incluir a los siete enviados recientemente al Vaticano. Este patrón de persecución ha llevado a la desnacionalización de 22 religiosos y al cierre de más de 420 organizaciones cristianas desde 2021, incluyendo Cáritas de la Diócesis de Matagalpa.
Además, 22 medios de comunicación religiosos han sido confiscados, como Radio María, cuya última transmisión se realizó el 9 de julio de 2024. El Colectivo destaca también el exilio de 21 pastores evangélicos y la creciente vigilancia sobre las actividades religiosas, particularmente en las iglesias católicas.
Entre los religiosos desnacionalizados se encuentran Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, y Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, ambos muy críticos del gobierno sandinista.
La persecución religiosa en Nicaragua refleja no sólo una consolidación del poder autoritario de Ortega sino que, también es un ataque directo a la libertad de culto en el país. A medida que la represión se intensifica, la comunidad internacional sigue atenta a las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen sandinista.
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